El derecho de saber
Al amanecer del 27 de julio de 1974, un día antes de las Fiestas Patrias, el Gobierno de Velasco ordenó la captura de los periódicos que todavía permanecían en manos independientes: La Prensa, El Comercio, Ultima Hora, Correo y Ojo. Se hizo la farsa de fingir el mismo procedimiento para Expreso y Extra que cinco años antes Velasco entregó a los comunistas que han estado manejando esos diarios.
Un complacido Raúl Castro, ministro de Guerra de Cuba, era huésped oficial del régimen peruano. El día anterior a la confiscación de los diarios había celebrado la fecha oficial de la revolución castrista.
Los nuevos directores ingresaron a los diarios que el Gobierno les había asignado sólo bajo la protección de la fuerza pública. Para La Prensa, Velasco escogió a Walter Peñaloza, quien había servido a todos los gobiernos desde Odría. Como había redactores y gente de talleres en el local del diario, Peñaloza creyó oportuno halagarlos con un discurso, en el que dijo que, gracias a su personal, La Prensa era técnicamente el mejor periódico, pero que le faltaba espíritu y que eso se lo iba a dar su dirección.
No esperó la reacción que encontró. Arturo Salazar, entonces presidente de la Federación de Periodistas del Perú y editorialista de La Prensa, y Oscar Díaz Bravo, el jefe de redacción, presidente de la Comunidad Industrial de La Prensa y también ex presidente de la FPP, le salieron al paso.
Hicieron notar que el “espíritu” que decía traer Peñaloza sólo podía posesionarse del local de La Prensa al amparo de las pistolas de la policía política. Un inspector de investigaciones trató de protestar, haciéndose el ofendido. Salazar lo hizo callar con el aplauso de varios de los presentes. Díaz Bravo agregó que, mientras Peñaloza venía impuesto por la fuerza, él estaba ahí por el voto libre de la gran mayoría de los trabajadores.
Ofuscado, Peñaloza los acusó de servir a “la oligarquía” y les dijo que no podían seguir en el diario. “No queremos seguir”, dijeron Salazar y Díaz, que renunciaron en seguida. Para obtener el pago de sus beneficios sociales, ellos y muchos otros redactores de La Prensa que fueron purgados por Peñaloza para reemplazarlos por comunistas, han tenido que iniciar juicios laborales que hasta donde sé, no han concluido todavía.
Como he dicho en otro lugar, al confiscarse La Prensa a sus dueños, se perjudicó entre éstos a la Comunidad Industrial, que también perdió acciones sin ver hasta la fecha un solo centavo. Lo mismo ocurrió en los demás diarios.
El pretexto era la “socialización” de la llamada “prensa de circulación nacional”. Todo diario que tuviera 20.000 o más ejemplares de circulación y se vendiera en doce o más departamentos (de los 24 que tiene el país) no podría ya ser de propiedad particular. En cambio, serían entregados a las llamadas “organizaciones representativas de la nueva sociedad”.
Como éstas, sencillamente, no existían, los diarios serían manejados, por un año, por “comités” nombrados íntegramente por el Gobierno. Veamos cómo. La Prensa fue declarada diario de las comunidades laborales. Fuera de disolver y despojar a la comunidad de los trabajadores del propio diario, se nombró director al filósofo y pedagogo Walter Peñaloza y entre los miembros del comité a dos intelectuales gobiernistas. Ninguna persona vinculada al mundo del trabajo fue escogida para el “diario de las comunidades laborales”.
De manera semejante, El Comercio fue “asignado a los campesinos”. Un abogado sin la menor relación con la agricultura, Héctor Cornejo Chávez, fue el director. Llevó al comité a otros tres miembros de su partido, el Demócrata Cristiano: dos abogados y un general. Ni un solo campesino.
Otro tanto ocurrió con los demás periódicos: un abogado en asuntos administrativos para el “diario de la comunidad educativa”; un reportero sensacionalista para el “diario de los intelectuales y artistas”; un literato para el “diario de los profesionales”.
Naturalmente, al cumplirse el año, se decidió que el Gobierno seguiría nombrando a los directores por un año adicional. Algunos fueron cambiados entonces. Otros debieron irse al cambiar la Fuerza Armada al jefe del Gobierno. Algunos quedaron.
El 27 de julio de 1974 se publicó también el nuevo Estatuto de la Libertad de Prensa, denominación usada cínicamente por Velasco para acabar con todo vestigio de esa libertad. El primer Estatuto había servido para crear el temor entre los periodistas por medio de los juicios por “delitos contra la libertad de prensa”, que casi siempre terminaban en condena para los periodistas libres y con los que nunca se castigó a los periodistas gobiernistas ni comunistas.
Según el anterior Estatuto se podía viajar al exterior siempre que se permaneciera en el Perú un mínimo de seis meses consecutivos por año. Yo había observado esa regla, pero el Gobierno decidió cambiar la interpretación de la ley para quitarme la Dirección de La Prensa y el Poder Judicial estuvo de acuerdo con él. En el nuevo Estatuto se modificó la redacción del anterior para conformarlo con lo que había hecho el dictador y la Corte Suprema, contrariamente a lo que decía el primer Estatuto que había estado vigente entonces.
Se podría creer que estoy inventando todo esto, que parece increíble, si no constara en los diarios de la época (verano de 1972) y en los archivos judiciales; porque, naturalmente, los jueces de Velasco aplicaron dócilmente, no la ley, sino los deseos del dictador.
Tuve, pues, que dejar La Prensa, pero ella se mantuvo en su misma línea. Era indispensable, pues, para la dictadura, imaginar nuevos medios de acallar los diarios. Fue entonces cuando se comenzó a pensar en la confiscación, con el pretexto de “socializarlos” y de permitir sólo opiniones (como decía, y dice todavía, el respectivo decretoley) “dentro de los parámetros de la Revolución Peruana”.
El público lector conoce desde entonces a estos periódicos como “los diarios parametrados”.
En realidad, la medida se esperaba, porque los planes del Gobierno no habían podido menos que filtrarse hasta los propios hombres de prensa independientes o de oposición. Había algunas versiones distintas sobre quiénes serían los directores de cada diario. No se sabía la fecha exacta. Algunos pensaron que sería el 26 de julio, como regalo especial de Velasco a Raúl Castro. En realidad, no pasó de la noche entre ese día y el 27.
Por tanto, no me sorprendió mucho la noticia cuando se produjo. Desde antes yo había tratado de llamar la atención sobre semejante peligro.
En Zurich, Suiza, queda la sede oficial del Instituto Internacional de Prensa. Fue fundado hace más de veinte años y desde entonces inscribimos en él a La Prensa.
Esta organización es sumamente importante. A ella acuden hombres de prensa de los lugares más apartados del mundo. Son sumamente interesantes sus reuniones, porque en ellas se enfocan los problemas de acuerdo con la experiencia de los diversos países y, por tanto, desde muy distintos puntos de vista, aunque con un interés común en el tema.
Estábamos nosotros, Miriam y yo, en el Japón cuando, en mayo de 1974, tuvo lugar en la ciudad de Kyoto, la antigua capital del Imperio, la asamblea anual del Instituto Internacional de Prensa. Como es natural, nos trasladamos a esa ciudad para asistir a las reuniones.
Me pidieron que presidiera la sesión dedicada a Condiciones Mínimas para un Acuerdo Mundial sobre la Libertad de Prensa. Abrí la sesión con estas palabras:
Aprecio enormemente que me hayan pedido presidir esta importante reunión sobre libertad de prensa.
El que la prensa sea libre debe preocupar no sólo a los periodistas, sino a cada lector para quien el diario es su principal' fuente de información de lo que esté pasando, de cómo se conduce el gobierno y cuáles son las distintas opiniones que se oye sobre problemas que, de una manera u otra, tienen que ver con el interés general.
Sin duda alguna, hay gobiernos a quienes, por lo general, desagrada la prensa libre. Sin embargo, ya pasaron los tiempos en que los hombres en el poder podían sostener que el público no debería estar informado de sus actos y su comportamiento. Para los gobernantes, los asuntos de gobierno eran entonces cosas privadas suyas y, por consiguiente, el público nada tenía que ver con ellos. Tal concepto era posible en los tiempos en que Luis XIV podía decir: L'Etat c'est Moi.
Ese no es el caso ahora. Hoy día se considera a los hombres de gobierno como fideicomisarios del pueblo en el manejo de las cosas de la comunidad. Por consiguiente, tienen que dar cuenta de lo que hacen, no ocultando nada al pueblo que tiene el Derecho de Saber lo que está sucediendo y sólo con una prensa libre puede satisfacerse este Derecho de Saber.
Son muchos los gobiernos que tratan de controlar la prensa, en forma disimulada. Los hay, sin embargo, que tienen verdadero respeto por la independencia de la información, único modo de permitir que la gente, en general, sepa lo que ocurre.
A fines de julio de 1974 me encontraba en París, y fue allí donde recibí, la noche del 27, la noticia de que el Gobierno del Perú se había apoderado de los diarios.
Como es fácil comprender, no podía dejar pasar un atropello así sin presentar mi más viva acusación y mi protesta porque en el Perú ya no se iba a saber lo que pasaba ni en el país ni en el resto del mundo. Por eso declaré lo siguiente a los corresponsales de prensa:
Hace más de siglo y medio (cuando se trataba de proclamar la independencia en la Argentina) un grupo de patriotas reunido en la plaza principal de Buenos Aires, el 25 de mayo de 1810, lanzaba el grito de “El pueblo quiere saber de qué se trata”. Era la exigencia de un pueblo para conocer lo que sus gobernantes estaban haciendo.
El 21 de julio de 1974, un Decreto del Gobierno revolucionario del Perú, la víspera misma del aniversario patrio, ha escamoteado al pueblo peruano toda posibilidad de enterarse de lo que a partir de esa fecha suceda en el país y en el mundo, salvo aquello que convenga estrictamente a los intereses de los gobernantes.
La nueva cárcel del silencio que impone esa medida no encierra físicamente entre rejas a catorce millones de seres humanos. Mucho más grave que esto, es la vejación de la ignorancia que les impone.
De ahora en adelante, los peruanos no tendrán otra posibilidad que digerir únicamente la información oficial.
Condenar al ser humano a vivir aislado, sumido en la ignorancia y dolorosamente limitado en su ansiedad de saber, de opinar o discurrir, es una cruel negación de la libertad.
La dictadura peruana ha asestado un dramático golpe a la comunidad. Le ha robado su potencialidad de saber, de discutir y de discrepar. Ha querido vendarle los ojos, amordazarle la boca y taparle los oídos. Ha actuado, en suma, con los típicos métodos de los gobiernos totalitarios.
Así sucede, por ejemplo, en Rusia, donde el pueblo desnutrido de libertad sólo alcanza lo que desde arriba el dictador le señala con el dedo. Todo lo demás le está vedado.
Un gobierno dictatorial comienza cavando su propia tumba cuando priva al pueblo de su derecho a informarse libremente. Cuando le sustrae las fuentes independientes que mejor le plazcan, ya sea diarios, revistas, radios o canales de televisión.
A quien en verdad la disposición ultraja e insulta es al pueblo peruano, al determinarle desde lo alto –o lo bajo– de la dictadura; la exclusiva información a su alcance que es la que conviene sólo al dictador.
¿Qué garantías puede esperar para sí quien no aplauda todas las medidas “revolucionarias” de una dictadura?
Soljenitsyn, el adolorido escritor ruso, hoy fuera de su país, puede contestar a esta pregunta. Y también Milovan Djilas, quien fuera otrora brazo derecho del Mariscal Tito de Yugoslavia y que repetidas veces ha denunciado los abusos del “aparato político”, como comúnmente llaman ellos a la dictadura.
El derecho de saber, de informarse, de los peruanos, ha sido pisoteado por la dictadura del general Juan Velasco Alvarado.
Pero las voces del silencio impuesto por el totalitarismo no suelen callarse durante mucho tiempo. A eso vamos.
Por primera vez, desde la toma del poder por Velasco, la población de Lima salió a las calles en los últimos días del mes de julio de 1974 a protestar violentamente contra el atropello cometido.
La gente no se engaña. Sabía que de todas las libertades que le había arrebatado el dictador, se les privaba ahora de la más preciosa: la libertad de saber. Y por eso salió a las calles a protestar.
El Gobierno tuvo que detener a miles de personas, en su mayoría jóvenes, inclusive una proporción muy alta de mujeres. Una fiesta en el Círculo Militar, en honor de Raúl Castro, concluyó apresuradamente cuando cientos de personas acudieron ahí a gritar en contra del Gobierno y en favor de la libertad de prensa. El Gobierno tuvo que amenazar con penas severas, y hasta ordenar la confiscación de vehículos, antes de que las manifestaciones cesaran.
Como es natural, yo tampoco pensé que Velasco daba este paso para que la prensa fuera libre en el Perú, como él, con su empaque acostumbrado, declaró solemnemente en el discurso del 28 de julio, en que pretendió justificar las medidas adoptadas contra el periodismo libre.
Estaría demás repetir todo lo que dijo. Se quejaba –y en qué forma– de lo que había sido la prensa en el Perú hasta ese momento, y abundaba en explicaciones sobre cómo era absolutamente necesaria la “socialización” para que entonces hubiera verdadera libertad de prensa.
En 1950 quedó establecida la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) con el fin de Mantener regularmente en contacto a todos los periódicos independientes de las Américas, poniendo término al intento de dictadores de inmiscuirse en su medio, utilizando a representantes de publicaciones que, aunque se presentaban como independientes, no lo eran.
Así creció la SIP. Ahora está constituida por un millar de miembros, de los cuales más o menos la mitad son de habla española y portuguesa y la otra mitad inglesa.
Toda clase de publicaciones de los distintos países son miembros de la SIP. Así como las hay de modesta circulación, también forman parte de ella casi todos los grandes periódicos.
Su fuerza está en la uniformidad de criterio de sus miembros, basada en la defensa de la libertad de informar y opinar, o sea, la libertad de prensa, que hace posible que el gran público esté al corriente de lo que pasa sin depender de una sola fuente.
La diversidad de nacionalidades e idiomas entre sus miembros, no es un problema, gracias a la efectiva integración que se deriva de la uniformidad de principios que inspiran su acción.
En la Asamblea Anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, en Caracas, en octubre de 1974, hice un análisis de la situación con estas palabras:
El general Velasco al confiscar los diarios independientes de circulación nacional, sostiene que lo hace para entregarlos “al pueblo”. Cada diario sería propiedad de un sector diferente. Por ejemplo, uno de ellos de los agricultores, otro de los obreros, otro de los profesionales, etc. Sostiene que, de esa manera, no está estatizándolos.
Pero luego de estas declaraciones, nada se ha hecho hasta ahora que haga ver que se preocupa por la organización de esos grupos que haga posible desempeñen la función de propietarios y directivos de los diarios confiscados. Ello no va a ser cosa fácil. Los agricultores, por ejemplo, deberían tener una organización que asegure la genuina representación de ellos para poder hacerse cargo del periódico, lo que es un problema sumamente difícil. Mucho trabajo y mucho tiempo requeriría eso, comenzando por un censo de todo el país, donde la topografía hace muy difícil semejante labor. Además, no todos hablan español, sino muchos de ellos sólo saben hablar sus antiguos idiomas, como el quechua y el aymará.
En realidad, no puede concebirse en el Perú alguien que imagine que el Gobierno vaya a desarrollar la labor prolija necesaria para ello.
Nadie en el país puede creer que se va a realizar esto, porque se conoce, muy bien, cómo hace las cosas el Gobierno. Bien se sabe que lo único que llegaría a formarse son organizaciones fantasmas, para luego presentarlas como si fueran verdaderos organismos representativos con dirigentes elegidos en elecciones libres. En realidad, no sería sino producto artificial de maniobras del Gobierno que se las ingeniaría para que los “elegidos” fueran sólo los impuestos por él.
La mejor prueba de esto, es que el Gobierno no se ha preocupado al nombrar a cada uno de los directores de los distintos periódicos confiscados, de que ellos sean personas conocedoras de la clase de gente que se hará cargo de éstos. El que está de director del periódico que va a ser de los agricultores, por ejemplo, entiende de leyes y de la redacción de decretos que tiene que ver con las confiscaciones, pero, ni lejanamente, conoce los problemas de los agricultores. Y lo mismo se ha hecho con los directores de los demás diarios. Son políticos íntimamente vinculados al Gobierno, lo que asegura que serán fieles instrumentos que no se preocuparán en lo mínimo de a quién será entregado el diario. Sólo han de tener en cuenta los deseos del Gobierno y su política.
No se ha tenido consideración con los periodistas y demás personal de los diarios en cuyos cargos eran inamovibles. El Gobierno ha suspendido por noventa días ese derecho que les aseguraba sus puestos para que los nuevos directores puedan deshacerse de quienes quieran.
Pero, la verdad, es que el Gobierno no tenía por qué apoderarse de ningún diario, puesto que ya poseía cuatro periódicos en los cuales podía decir todo lo que quisiera y modificar las prácticas de la prensa a su antojo. Estos periódicos eran los siguientes:
1) El periódico oficial El Peruano, en el cual aparecen, fuera de las leyes y decretos, las declaraciones del general Velasco y los comentarios consiguientes.
2) Los diarios Expreso y Extra, confiscados hace ya algunos años, y
3) La Crónica, que antes pertenecía a un Banco, el cual, por su mala situación, fue absorbido por un Banco del Gobierno.
Con estos cuatro diarios en sus manos podía el Gobierno dar el ejemplo de la clase de periodismo que preconizaba y abrir sus columnas a quienes sostiene, no encontraban cabida en los demás diarios.
Teniendo esos diarios, es obvio que los otros han sido confiscados para silenciarlos y asegurarse así de no tener críticas ni correr el peligro de la publicación de noticias que no quieran que sean conocidas.
En estas condiciones, ¿puede alguien confiar en que el Gobierno cumplirá sus terminantes declaraciones de que, en adelante, por tener ahora todos los periódicos nacionales en sus manos, habrá plena libertad de expresión?
¿Puede alguien imaginar y creer que para eso es que este Gobierno ha confiscado los periódicos de circulación nacional que eran independientes?
La verdad es que con esas confiscaciones, los peruanos han perdido en realidad su libertad porque, para que una persona disfrute efectivamente de ella, debe saber lo que está pasando. El no estar en prisión, el no estar vigilado de cerca por un policía, no es suficiente para gozar de libertad. Es indispensable saber lo que está pasando: los acontecimientos de todo orden, los problemas de los que se habla, las diversas opiniones que se tengan, en fin, aquello que desarrolla la vida en común en una sociedad donde hay libertad para informarse, donde se discute y se cambia ideas libremente, como en toda comunidad civilizada en la que se vive formando parte de ella y no como un ser aislado, como un ignorante o como un extraño.
Cuando se visita Rusia, por ejemplo, la impresión que se tiene es la de un pueblo que poco sabe fuera de la vida diaria de cada uno. No hay siquiera cómo informarse de lo que sucede en el extranjero ni en el propio país. La sola fuente de información es la oficial que, por ser la única, resulta imposible apreciar en su real veracidad, pues buen cuidado tienen los gobernantes de que todo lo que se diga sirva únicamente a sus intereses políticos. En otras palabras, no se trata de satisfacer el deseo natural de saber lo que pasa, sino de decir tan sólo lo que la dictadura quiere.
Es bien sabido que toda dictadura siempre acaba encontrando “excusas” o “pretextos” que aduce como “razones” para impedir que fuentes de información independientes puedan poner al descubierto lo que sus propias publicaciones tratan de hacer creer a la gente.
Fuera del propósito político del dictador, que lo lleva a confiar que lo que diga su prensa ha de llegar a convencer a la gente (si no es contradicha y sus falsedades no son puestas al descubierto por publicaciones independientes), es comprensible que la alabanza de que siempre es objeto, lo afecte cada vez más, llegando a convencerlo de no ser un hombre corriente y de que quien no lo apoya es enemigo del país. Por eso vive rodeado de obsecuentes.
Hay que tener presente que también es humano que entre sus allegados se desarrolle una aguda competencia en la alabanza de su persona, de sus actos y de lo que diga conforme se hace evidente la autoridad indiscutible del dictador de cuyo favor depende la suerte de los que viven de quemar incienso en su loa. La corte de aduladores es inevitable. Estos también se dedican a levantar acusaciones de todo orden contra los que ellos saben que el dictador no quiere.
En cuanto a una prensa libre, la experiencia demuestra que aún el editor más responsable y concienzudo, puede equivocarse, hasta en las informaciones. Por lo demás, ser rigurosamente objetivo no es algo fácil para el ser humano. La única efectiva garantía es, pues, no depender de una sola fuente de información. Entre variadas fuentes, el hombre debe estar libre de escoger sobre cualquier tema, sin limitación alguna, sean diarios, revistas, libros, radio o televisión.
Acabamos de presenciar lo que es esa libertad en los Estados Unidos, aun tratándose del Presidente de ese país; lo que nos hace ver que cualquiera puede llegar hasta lo que en otras partes podría ser considerado como campo vedado.
Para que la libertad del individuo sea efectiva debe haber Libertad de Informarse, en otras palabras, debe haber plena Libertad de Informar y de Opinar.
Se sostiene que no es posible la libertad de informar por el peligro de que la prensa y la radio incontroladas no sean veraces en su información.
La manera de controlar, es que la ley tipifique los delitos y establezca las debidas sanciones, y de que haya tribunales independientes que las apliquen.
Desgraciadamente, la independencia del poder judicial no se respeta en países sometidos a una dictadura totalitaria, como sucede ahora en el Perú, donde existe un organismo oficial que hasta expulsa a los jueces de la Corte Suprema que no se adaptan a las orientaciones del dictador.
Vale la pena leer lo que Milovan Djilas dice en un artículo que apareció en el The New York Herald Tribune, de París, el 67 de julio de 1974. En él se refiere precisamente a la falta de un poder judicial independiente en países comunistas, señalando sus funestas consecuencias.
Djilas en el pasado fue ideólogo y brazo derecho de Tito en Yugoslavia. El fue nada menos quien ideó las “empresas de interés social”, como las llaman ahora en el Perú.
De ese artículo que acaba de publicar, extraemos lo siguiente:
“La teoría soviética mantiene hoy las enseñanzas revolucionarias y esencialmente totalitarias de Lenin acerca de la unidad de las tres autoridades, acerca de la subordinación de la administración y de las cortes de justicia a las decisiones, vale decir, las leyes del partido. Ni un solo estado comunista es un estado de derecho en el verdadero sentido”.
Yo traté, en mi intervención en la Asamblea de Caracas, de hacer un análisis tranquilo, pero real, de lo que iba a suceder con las medidas tomadas por Velasco. Pero me quedé corto. No podía la dictadura confiar en la gestión que podrían desarrollar en los periódicos las Asociaciones Civiles, que era el término con que debía conocerse a los “nuevos propietarios” de los periódicos confiscados. Algo más radical y efectivo estaba más de acuerdo con la mentalidad del dictador y con el espíritu de la dictadura.
Por encima de toda esa farsa de representaciones, cuando creyó conveniente constituirlas al cabo de un año, el dictador nombró, separadamente y como independientes, al director y al gerente de cada uno de los periódicos, con plenos poderes para los próximos doce meses.
Pero un día el director de Ultima Hora tomó medidas que no fueron del gusto de los miembros del Consejo Directivo de la Asociación Civil, y entonces se suscitó una pugna.
El director rechazó la intromisión del Consejo Directivo de la Asociación Civil de Ultima Hora, que debía representar a los supuestos “propietarios” del diario; en este caso, las organizaciones del comercio y de los servicios. Pero, para estar más seguro, elevó el asunto al Ministerio de Trabajo, bajo cuya súper vigilancia se han puesto los problemas que pudieran surgir en los diarios parametrados.
El Ministerio de Trabajo fue contundente y definitivo. Puso fin a la posibilidad de que alguien se equivocara e interpretara erróneamente que el Consejo Directivo de la Asociación Civil fuera algo más que una simple farsa para hacer creer a la gente que los periódicos habían sido entregados a los representantes de esas organizaciones.
Desde luego, jamás nadie había creído eso, y la resolución del Ministerio no hizo sino confirmar lo que todo el mundo sabía.
Ahora, sorpresivamente, tenemos una resolución que aparece en El Comercio parametrado del 17 de marzo de 1976, en que se lee que el día anterior, por Resoluciones Supremas rubricadas por el Presidente de la República y refrendadas por el Ministro de Trabajo, habían cesado en sus cargos los directores de todos los diarios socializados, siendo designados sus sucesores mencionando los nombres de cada uno de ellos. Pero no hace mención alguna de las Asociaciones Civiles.
Volviendo a la constitución de cada Asociación Civil, no ha sorprendido que se suscitaran cuestiones en debate. ¿Quiénes, y representando a quién tendrían derecho a emitir su voto para la constitución del Consejo Directivo que representaría a los “nuevos propietarios”?
Como ejemplo, puede citarse el caso de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia de Colegios Particulares Católicos, que habían solicitado su participación en los diarios Expreso y Extra, expropiados “a favor de las organizaciones educativas”. Pues bien, se manifestó a la Federación que la transferencia no se haría en favor de organizaciones como ésta, sino de organizaciones que fueran expresión de la nueva Sociedad. Se añadió que tal derecho correspondía a los Núcleos Educativos Comunales (NEC), que eran comunidades vivas, que respondían a la sociedad que se está creando.
En Expreso y Extra, la pugna interna entre la Asociación Civil y el director nombrado por la dictadura, se ha ventilado en documentos publicados por ambas partes sin intervención del Gobierno como si ello no afectara “la entrega” de los diarios a sus “nuevos propietarios”. La farsa se hace evidente, en público.
Al leer ahora los periódicos confiscados, se ve que los áulicos y los “adherentes” á la revolución hablan y escriben todavía de “socialización de la prensa”. Hasta ese extremo se pretende fingir que todo marcha sobre ruedas, y que los periódicos no son del Gobierno, sino de sus “nuevos propietarios”, representados por las Asociaciones Civiles respectivas.
Hay tal discrepancia entre esta ficción y la realidad, es tan evidente la falsedad de la pretendida “socialización”, que los diarios no son tomados en serio y nadie los tiene en cuenta.
Sólo quienes viven de esa farsa aparentan ser “sinceros creyentes”, que no saben sino aplaudir todo lo que hace el Gobierno, como han hecho los plumíferos de las dictaduras en todos los tiempos y en todas partes del mundo.
Velasco era quien llevaba la batuta en cuanto a predicar, por un lado, “los principios ideológicos” de la Revolución, y a comportarse, al mismo tiempo, de una manera absolutamente contraria a sus palabras.
El Decreto Ley que confiscó los diarios permitía, para guardar las apariencias, la publicación de revistas independientes. Varias surgieron entonces, bajo la orientación de los periodistas democráticos que habían renunciado o sido alejados de los diarios. Como hablaban “al pan pan y, al vino vino”, no es raro que pronto indignaran al dictador Velasco. Y cuando comenzaron a aparecer informaciones sobre asuntos de los que el dictador quería que nada se supiera, como, por ejemplo, el pago de los veintitantos millones de dólares a la IPC, Velasco amenazó públicamente con ponerles fin. Y así lo hizo, en noviembre de 1974, deportando, además, a una treintena de periodistas y políticos.
En una de sus habituales conferencias de prensa alguien le preguntó, a raíz de las deportaciones: ¿Piensa usted, señor Presidente, que esta acción contrarrevolucionaria pudo poner en peligro la estabilidad del Gobierno?
El contestó: No, eso no. Tenemos las balas completas. No las hemos gastado. La estabilidad de la revolución no está en peligro, pero molestan, quitan tiempo, impiden la, marcha del país, y esto es contrarrevolución, típica subversión... Y nadie puede decir que se trata de la libertad de opinar. Todos tienen derecho a opinar, pero hacer contrarrevolución es diferente.
Estas palabras, cuyo grado de civilización dejo al lector calificar, fueron reproducidas en diarios parametrados con comentarios laudatorios, en los que se hacía resaltar su “fondo ideológico”.
El nuevo jefe de la Revolución, general Francisco Morales Bermúdez, apenas tomó posesión del cargo, permitió que volvieran a publicarse las revistas semanales y que regresaran los deportados. Pero ante la libertad con que se expiden las publicaciones independientes, pronunció un discurso que, en buenas cuentas, las amenazaba tal como lo había hecho Velasco poco antes de clausurarlas.
También hizo una declaración que apareció en El Peruano del 4 de noviembre de 1975. En ella decía que su crítica a la prensa “socializada” no quiere decir desde ningún punto de vista que pensamos dar marcha atrás en el proceso de transferencia de los diarios de circulación nacional, ni puede ser argumento para los periodistas que añoran el pasado, que viven de la calumnia, que responden a un modelo extranjerizante de hacer periodismo y que hoy tratan de halagar a los hombres de la Fuerza Armada, queriendo de esa manera mediatizar la Revolución.
Es importante ver cuáles fueron las reacciones que causaron las declaraciones del general Morales Bermúdez. Los diarios parametrados batieron palmas jubilosamente y expresaron que el Jefe del Estado se había referido a las revistas independientes.
Opinión Libre se pronunció con firmeza y claridad: “No arriamos bandera. Creemos en la democracia, en que no hay sustituto para el voto. Aspiramos a contar nada más que con la fuerza de la razón. No tenemos compromiso sino con nuestra conciencia y con el país. Lo cumpliremos a plena luz. Con decencia. Sin miedo.
A continuación, se citan varios párrafos del editorial publicado en la revista Opinión Libre:
A propósito de ese derecho y, en cuanto a los aspectos políticos propiamente dichos de los discursos, bajo análisis, hemos de decir que no arriamos banderas. Nosotros creemos en la democracia y en ella no hay sustituto para el voto tal como en la guerra; como dijo el general Douglas Mac Arthur, no hay sustituto para la victoria. Esa es nuestra fe y por ella libramos una batalla que en el Perú de hoy, resulta, exactamente, quijotesca.
Para el combate, carecemos de armas. No tenemos tanques, ni ametralladoras, ni fusiles y ni siquiera chavetas –que son el arma de los hampones–. No podríamos, aunque quisiéramos, y no queremos desestabilizar a nadie, y menos a un régimen que se sustenta en la unidad monolítica de la Fuerza Armada. Sólo contamos con ideas, las ideas según la frase lapidaria de Domingo Faustino Sarmiento no se degüellan. Se pueden acallar, pero, en definitiva, no se pueden asesinar, porque existen no en el mundo físico, sino en el mundo platónico y moral.
Nosotros, como dijo alguna vez en España, don Antonio Maura, somos nosotros. A nosotros nos define nuestra condición de gentes civilizadas y respetuosas de la ley y del derecho. Gentes de orden y de paz. No contamos, como en cierta oportunidad impúdicamente se jactó Velasco, con la razón de la fuerza. Aspiramos a contar nada más que con la fuerza de la razón, y si la fuerza quiere quitar a la razón de en medio, el problema no es nuestro, sino de quienes ejercen la fuerza; ya ellos rendirán a Dios cuenta de sus actos.”
Cuando el general Morales Bermúdez empeñó, ante el país y ante el mundo, palabra de respetar la libre expresión del pensamiento, hicimos honor a esa promesa y volvimos a la luz. Hemos depositado confianza en el hombre, en su honradez, en su recta intención, aunque no en el sistema, que no es precisamente de nuestro agrado. La mera existencia de Opinión Libre certifica a todos que el pluralismo pregonado por el gobierno de la Fuerza Armada es veraz y efectivo. La no existencia de Opinión Libre será prueba de lo contrario.
Mientras tanto, escribiremos como hasta ahora, vale decir, con decencia y sin miedo. Pues ocurre, por añadidura, que no tenemos compromisos con nadie. A nadie estamos endeudados. A nadie debemos favor. No tenemos compromiso sino con nuestra conciencia y con el país. Lo cumpliremos mientras sea posible hacerlo. A plena luz. Con decencia. Sin miedo.
El Tiempo, es esclarecedor al plantear el problema del Ejército y de los militares en política, cuando se refiere a:
La Fuerza Armada, como auténtica institución tutelar de la República, en cuyas manos ésta ha depositado su confianza plena para cautelar su integridad y soberanía, y la libertad e independencia de todos los peruanos.
La Fuerza Armada está, por tanto, por encima del partidismo político. Esta es una concepción lógica, puesto que el Perú es de todos los peruanos, cualquiera fuese la actitud política de éstos. Por sentido común, la Fuerza Armada no puede tomar bandera o partido. Por eso es tutelar de la República.
Es pues, totalmente ajeno a nuestras convicciones, cualquier intento de inmiscuirse o entrometerse en aquellos asuntos que son de exclusiva competencia de la Institución Militar; ni asumir jamás actitud que pudiera interpretarse como enderezada a dividir o enfrentar a quienes visten el uniforme de la Fuerza Armada.
Distinta es nuestra posición frente a los miembros de la Institución castrense que, por diversos motivos, asumen responsabilidades políticas o de Gobierno. Frente a medidas concretas, que tienen que ver con el interés público, el periodista debe cumplir con su deber de pronunciarse, con oportunidad, con claridad, con rotundidad si es preciso, pero dentro del plano de circunspección y respeto que merecen los lectores.
El artículo está firmado por Alfonso Baella Tuesta, director de la revista.
Vale también la pena reproducir la sólida declaración que, hace un año, en plena dictadura de Velasco, suscribió un selecto grupo de hombres independientes, encabezados por nuestro notable y respetado historiador, Jorge Basadre, y que entre otras cosas, dice:
En estos momentos, no quedan publicaciones verdaderamente independientes.
Cuando se llega a una situación tal, no hay manera de enmendar errores o de denunciar inmoralidades, y se va cayendo, además, en el culto desenfrenado de la personalidad, tan humillante para quienes lo practican como para quienes lo reciben. Ante esta situación, no puede hablarse de humanismo, que es precisamente una nota distintiva de las Bases Ideológicas de la Revolución.
No hay que olvidar que un dictador cada día se aisla más de todo, fuera del círculo que le rodea, que no hace sino adularle.
No es humano ser impermeable a la alabanza. Y así el dictador acaba viviendo en un mundo aparte, al margen del país. No le llega sino la opinión de los que están cerca de él; de los que constituyen la oligarquía de Palacio. No le llega sino aprobación. Es fácil entonces que crea que sólo “cuatro gatos”, como dicen, pueden estar en contra del Gobierno.
En Kyoto, en la Asamblea del Instituto Internacional de Prensa, me referí a los tiempos en que Luis XIV proclamaba: “El Estado soy yo”, y añadí este comentario: “Para los gobernantes de entonces, los asuntos del Estado eran cosas privadas y, por consiguiente, el público nada tenía que ver con ellas”.
Hay que retroceder pues, a la mentalidad de esos tiempos para repudiar, como hacen los dictadores, la libertad de informar públicamente, como si fuera una intromisión indebida en sus asuntos personales.
No imponer con estrictez el control de toda publicación, les parece entonces una debilidad o benevolencia de su parte, por la que esperan, por lo menos, el agradecimiento general. No faltarán oligarcas de palacio que le digan entonces que “no hay que esperar eso, porque la gente es muy mal agradecida”.
Esta ha sido la triste historia de las dictaduras. Por eso, bajo ellas, todo ha ido siempre de mal en peor. La carencia de una prensa libre, hace posible que prosperen las cosas más censurables.
Basta mencionar lo que ha ocurrido con EPSA, escándalo de magnitud tal que ha llevado a la cárcel hasta a un general del Ejército, para darse cuenta de los peligros de no tener una prensa independiente y absolutamente libre.
Los periódicos parametrados probaron su ineficacia porque después de dar la noticia fueron acallados por órdenes de arriba. Todo el asunto se encarpetó y el general en cuestión, no fue arrestado, mientras Velasco siguió de dictador.
La explicación es muy sencilla: los periódicos parametrados no son libres, ni pertenecen a ninguna Asociación Civil, sino que están en manos de directores nombrados por el dictador de turno, bajo cuyas órdenes no tienen más remedio que actuar.
Todo lo expuesto no es información gratuita u opinión personal, fruto de la imaginación. Es una realidad. Son hechos inclusive expuestos y enfáticamente rectificados por el propio Morales Bermúdez, de cuyo mensaje del 31 de marzo de 1976, citó párrafos pertinentes.
“Al no haberse establecido solución de continuidad entre la primera y segunda fase de la Revolución, siguiendo una estricta norma de ética revolucionaria, hemos de hecho asumido todo lo bueno y todo lo malo de la Revolución, desde su inicio. El Gobierno revolucionario ahora tiene, pues, un desgaste natural de más de siete años de ejercer el poder. Y siete años de profundos cambios estructurales, con un modelo que busca ser original e inédito y que tienen los problemas de identificación y actitud a que antes nos hemos referido. Pero este fenómeno no se origina en la Segunda Fase. Ya en la parte final de la Primera Fase, se había perdido credibilidad, que ahora tenemos la obligación y el deber moral y patriótico de recuperar...
...A este aparente debilitamiento de la autoridad, ha contribuido también en gran medida la prensa en proceso de socialización. Este proceso de socialización de la prensa resulta del todo coherente con las demás reformas estructurales que, en lo social y lo económico, están orientadas a la transferencia del poder de las manos de unos pocos a las de la mayoría de la población.
La imprescindible función informativa, sobre todo orientadora, que debe desempeñar la prensa escrita, no podía estar como en el pasado, en este proceso revolucionario, a merced de quienes detentando el poder económico, utilizaban la enorme influencia de este medio de comunicación para defender sus propios intereses minoritarios y egoístas, al margen de los verdaderos intereses del país y de sus mayorías nacionales. Frente a esta situación, la única alternativa hasta ahora conocida en otras latitudes, hubiera consistido en la estatización de la prensa; en su conversión en pieza integrante del aparato estatal, sumisa solamente al Estado, del que tenía que convertirse en incansable y monótono adulador.
...Pero, el proceso revolucionario, no quiere esto. Desea para los grandes sectores de la población organizada, las posibilidades de un real acceso a los centros del poder, que constituyen los diarios de circulación nacional.
Que ellos puedan permitir la expresión libre de sus opiniones, de sus necesidades, de sus puntos de vista y también –sobre todo– de su, crítica sana y constructiva. Como expresión de esas mayorías organizadas, los diarios deben, según se estableció en el Decreto ley correspondiente, ejercer una fiscalización permanente y responsable del poder público.
“Y esto quiero expresarlo enfáticamente: el Gobierno revolucionario no permitirá, entiéndase bien, no permitirá que la socialización de la prensa fracase. Y por los indispensables y necesarios reajustes que la experiencia de estos veinte meses enseña, la transferencia de los diarios habrá de llevarse a cabo cuando tengamos la mayor probabilidad que esto se haga para los fines que la revolución persigue.
Dice que el Gobierno revolucionario en la parte final de la Primera Fase (se refiere al septenato de Velasco Alvarado) había perdido credibilidad y que era obligación y deber moral y patriótico recuperarla.
¿Qué propone el general Morales Bermúdez para esta recuperación? Desea para los grandes sectores de la población organizada las posibilidades de un real acceso a los centros del poder que constituyen los diarios de circulación nacional.
Al proclamar esto, se olvida el dictador que el pueblo peruano ni es ingenuo ni tan fácilmente engañable. Que hace veinte meses –con respecto a la prensa– y hace ya casi ocho años –con respecto al gobierno militar que tiene el poder–, conoce y sabe exactamente los alcances de lo que se dice “la credibilidad”.
En cuanto a la prensa, se quiere hacerles creer al Perú y al mundo, que está en “proceso de socialización” cuando, en verdad, no es nada más que, simple y llanamente, una prensa estatizada que depende verticalmente del dictador de turno (antes Velasco, ahora Morales Bermúdez), después de que fueron confiscados el 27 de julio de 1974.
Es decir, que en los hechos, se confirman las palabras citadas, puesto que la prensa “sumisa solamente al Estado del que tenía que convertirse en incansable y monótono adulador”.
Y he dicho diarios confiscados, porque de expropiación nada. Se tomaron por asalto por las fuerzas policiales enviadas desde Palacio para despojar, no ya al dueño o dueños de los periódicos, sino al pueblo peruano de su capacidad de elegir para leer él los diarios de su preferencia.
A cambio de ello, se dijo que un año más tarde, su propiedad sería de los diferentes “sectores sociales”. Los peruanos, hicieron creer, que se tragarían la píldora, a la espera de ese año que se hizo largo y que llegó a su fin, en 1975, fecha que señaló el nuevo plazo de un año más, mientras se consiguiera las perspectivas favorables para la transferencia tan anunciada.
Reemplazado Velasco por Morales Bermúdez, se devolvió sólo en beneficio de semanarios o publicaciones de menor circulación, una cierta libertad de prensa, mientras que los diarios continuaban firmemente sujetos desde el Palacio de Gobierno.
Se barrió, una vez más, con los “nuevos” directores y se nombraron a los “novísimos” (que durarán lo que dependa de la voluntad del dictador y no precisamente de los “sectores sociales” que no tienen ni voz ni parte en esas determinaciones).
Por último, al difundir su mensaje al país en la fecha ya citada, Morales Bermúdez declaró al Perú entero y a quien quisiera oírle que “el Gobierno revolucionario no permitirá, entiéndase bien, no permitirá que la socialización de la prensa fracase”.
Por si acaso no se le entendiera, repitió los “no permitirá” enfáticamente. Y añadió que “la transferencia de los diarios habrá que llevarse a cabo cuando tengamos la mayor probabilidad que esto se haga para los fines que la revolución persigue”.
¿Un año, dos años, diez años? Como “los fines que la revolución persigue”, son fines que señala cada dictador de turno, sin participación alguna de la voluntad popular, pueden pasar muchos en que la prensa independiente no exista en el país, con grave perjuicio para los peruanos que se ven limitados a contemplar los diarios del gobierno, que son todos iguales, monocordes, semejantes a boletines de propaganda en favor de la llamada “revolución”.
La “credibilidad” que dice Morales Bermúdez tener “la obligación y el deber moral y patriótico de recuperar” es una palabra divorciada de la realidad. Nadie que examine el proceso político peruano de estos últimos años podrá tener fe o confianza en esta palabrita que –como muchas otras– se ha convertido en juguete gramatical de los dictadores.
Porque, ¿quién va a creer que la prensa independiente reaparezca en el país con todas las manipulaciones que se dictan desde el despacho del Gobierno? Para que la credibilidad se establezca, los peruanos tendrían que poseer la libertad de elegir los órganos de información y opinión que más les gustara, sin limitaciones ni imposiciones, como es el caso de ahora.
Si la dictadura quiere seguir publicando los diarios que ella controla y a los que llama “socializados”, ¿qué tiene eso que ver con lo que la opinión pública exige, que es una prensa libre independiente que no necesita de ningún permiso ni para establecerse, ni para salir todos los días, ni para dar todas las noticias, ni para opinar en todo sentido?
El dictador Velasco decía que lo que había antes de su revolución no era libertad de prensa sino “libertad de empresas” periodísticas. Pero no es eso lo que molestaba al dictador. Si los empresarios de la prensa hubieran sido todos dóciles a Velasco, éste nada habría tenido que reprocharles.
Pero entonces, tampoco habría habido libertad de prensa. Porque ésta no consiste realmente tanto en un derecho de los periodistas cuanto en un derecho de los lectores. Los primeros sólo están para servir a los segundos. Sólo así pueden tener éxito.
De nada le sirve al “empresario de prensa” o al periodista, disponer del diario mejor impreso del mundo para decir “lo que le venga en gana” si no sirve a los lectores, porque entonces, precisamente, va a quedarse sin lectores, y nadie leerá lo que él diga.
La dictadura de Velasco, mucho antes de que se lanzara totalmente por la calle de en medio, confiscara todos los diarios y deportara en masa a los periodistas libres, ya había dado muestras de lo que podía esperarse de ella.
Deportó a un periodista que, en una columna humorística de La Prensa, había hecho un inventario de noticias imaginarias, todas buenas, que debían ocurrir en el Perú. La columna salió después de que Velasco, en una conferencia de prensa, criticó a los diarios por publicar “sólo noticias negativas”. Entonces, el humorista, el muy conocido Luis Rey de Castro, decidió inventar en sus columnas algunas noticias muy buenas como si ocurrieran en el país.
Todo el mundo vio que era una ironía, porque ciertamente cosas tan buenas no ocurrían en el Perú de Velasco. Este también se dio cuenta, se indignó y deportó al periodista.
Pero Velasco no se dio cuenta de que los periódicos parametrados hacían, y hacen todavía, en “serio”, exactamente lo mismo que el humorista deportado había hecho en broma; ocultar las malas noticias verdaderas, y anunciar a varias columnas noticias buenísimas, pero falsas, en las que nadie cree, sobre lo que ocurre o, mejor dicho, lo que no ocurre en el Perú.
Los periódicos parametrados no tienen empacho en decir: “Hoy sobrará la carne en todos los mercados”. El ama de casa, tan ingenua como para creer en ese anuncio, si todavía hay gente así con sólo ir al mercado, comprobará que, por supuesto, tampoco ese día hay carne.
O la gente que mira una rala manifestación gobiernista, reclutada a la fuerza entre empleados públicos, o trabajadores de las empresas confiscadas, no va creer en la popularidad del régimen sólo porque los periódicos parametrados digan que “una gran multitud aplaudió con entusiasmo al general Zutano”.
Cuando la dictadura trataba por todos los medios de ocultar la crisis económica, la gente no dejaba de advertirla por los mil síntomas del encarecimiento de la vida, la falta creciente de empleo, las dificultades para comprar cualquier artículo esencial, etc.
La producción agrícola baja por el pésimo enfoque dado a la reforma agraria. Los periódicos parametrados dicen: “El Perú es el único país en el mundo donde la producción aumenta con la reforma agraria”. ¿Alguien va a creer eso? Quizá en las antípodas, en Tailandia, crean que eso pase realmente en el Perú. Pero, ¿acaso los titulares de los diarios parametrados producen los alimentos que anuncian a voz en cuello, y que la reforma agraria no ha producido?
¿Para qué sirve entonces la falta de libertad de prensa? Sirve para engañar al dictador, y a muy poca gente más. No engaña a los lectores, porque de una manera u otra, directamente o a través de conversaciones o reuniones, terminan por saber la verdad y, sobre todo, porque no creen una palabra de lo que digan los diarios parametrados.
Estos pueden ayudar al dictador a que las noticias se conozcan algo más tarde de lo que se sabrían si hubiera verdadera libertad de prensa. También la falta de esa libertad impide que las cosas se sepan con precisión, sin las deformaciones que sufren por el sistema –que ningún gobierno puede reprimir– de pasar las noticias de boca en boca.
Pero ahí acaba el “servicio” de la prensa parametrada al Gobierno que la sostiene a todo costo, con “maquinita”, a expensas del gran público, aun de los más pobres.
Los diarios parametrados no informan, porque no han sido concebidos para informar. Tampoco engañan, aunque sí han sido concebidos para eso, porque no hay tanto cojudo como cree el dictador.
La verdadera función de la libertad de prensa es, por eso, que la gente sepa lo que ocurre, que lo sepa pronto y con exactitud, y con los detalles necesarios. Por eso, me gusta hablar más del “derecho de saber”, que es el derecho del público, no tanto de la libertad de informar, que es sólo el medio que necesita el periodista para satisfacer el derecho del público. Este es, pues, el verdadero interesado en la libertad.
La segunda función principal de la libertad de prensa es la de opinar. En el fondo, no es sino un aspecto de la primera, porque así como el público tiene derecho a conocer todas las cosas que ocurren, también tiene derecho a que le lleguen todas las opiniones que puedan emitirse sobre esas cosas que ocurren. Ello incluye las opiniones de los periodistas y dueños de periódicos (que se publican en la página editorial), pero también las opiniones de todo hijo de vecino que quiera enviar una colaboración, una carta, o hacer una declaración al periódico.
Los gobiernos se mortifican mucho con las opiniones francas del periodismo libre. Temen que puedan influir sobre el público en forma desfavorable para los gobernantes. Casi siempre las califican de “tendenciosas”, “subversivas” y llegan hasta a llamarlas “antipatrióticas”.
Naturalmente, los que más se molestan, son los gobiernos totalitarios.
Pero la verdadera cruz de éstos es la información libre, mucho más todavía que las opiniones. Lo que menos pueden soportar es que los lectores lleguen a enterarse de la verdad sobre los asuntos públicos. Eso es lo más “tendencioso”, “subversivo” y, si mucho apura, “antipatriótico” de la prensa libre para los totalitarios: la verdad.
Y, sin embargo, si esos mismos gobernantes renunciaran a la vanidad de considerarse infalibles; si de veras sólo los animara la intención de servir al país, como dicen insistentemente en sus discursos; si quisieran que las cosas fueran verdaderamente bien para el mayor número, no podían encontrar mejor aliado que una prensa libre.
La razón es muy sencilla. La información verdadera no sólo abre los ojos del público, sino también la de los mismos gobernantes, y quizá la de ellos más que nadie, si desean ver cómo son las cosas realmente.
Claro está que “no hay peor ciego que el que no quiere ver ni peor sordo que el que no quiere oír”. Desgraciadamente, en todo gobernante, hay un poco de esto; y un mucho, si es un dictador totalitario.
Además, están rodeados de gente cuyo interés, y casi puede decirse su especialidad profesional, consiste en tapar los ojos y los oídos de los gobernantes a la realidad. Se los llenan, en cambio, de lisonjas a la persona del propio gobernante y de alabanzas a su obra. Para esta gente, nada mejor que los diarios parametrados y nada peor que una prensa verdaderamente libre.
Los áulicos (como se llama en el Perú a la gente que hace de esto una profesión) marcan con lápiz rojo las noticias de los periódicos libres que saben que pueden molestar a los gobernantes, y con lápiz azul y señales de aprobación, los comentarios elogiosos de los diarios parametrados, que no son sino áulicos de papel impreso.
El gobernante que no se deja llevar por esta gente, aprenderá mucho sobre la realidad del país y de su propia gestión, únicamente a través de los periódicos libres. Sólo así sabrá cómo piensa la gente, qué necesita, de qué se queja y con cuánta razón; y sólo así podrá corregir lo que está mal, para satisfacer las necesidades y aspiraciones del país. Por último, sólo, así podrá alcanzar popularidad, pero la verdadera del gobernante que está en sintonía con su pueblo,
y no la postiza del que sintoniza sólo a los áulicos y a los diarios parametrados. Como los áulicos, a diferencia del dictador, saben perfectamente que el pueblo no les cree; seguramente se habrán sentido tentados más de una vez de darle el consejo del personaje de Bertolt Brecht, según cita que recojo de Oiga: “El gobierno, estando descontento de su pueblo, ha decidido disolverlo y nombrar otro”.
¡Cómo debe haber abierto los ojos el dictador Velasco el día que fue derrocado, y no apareció por ningún lado el apoyo popularen que le habían hecho creer los diarios parametrados! O al saber los detalles (si sólo entonces llegó a conocerlos) de las operaciones a que estaban entregados varios de sus áulicos y colaboradores más íntimos, operaciones de las que la prensa parametrada informó... sólo después de la caída de Velasco.
Es tiempo para aprender esta lección. Si hay buenas intenciones para el mejor manejo de los asuntos públicos, el primer y mayor cuidado que debe tomarse es precisamente ése: que sean efectivamente públicos, que puedan ser conocidos en todos sus detalles por la ciudadanía y que no se le oculte lo que tiene derecho a saber.
Sólo hay una manera de conseguirlo: la más plena libertad de prensa. Pero no una libertad restringida a la aparición semanal de unas cuantas revistas en la capital o de diarios menores en provincias; sino plena libertad de publicar todos los diarios y revistas que el público prefiera y, naturalmente, con la circulación ilimitada que resulte de esa preferencia mayoritaria.
En otras palabras, hay que echar al cesto de la basura el irónicamente llamado “estatuto de libertad de prensa”, que sólo ha servido para amordazar periodistas libres, crear granjerías para aduladores, negar al pueblo el derecho de saber de qué se trata, ocultar la verdad y engañar a los propios gobernantes, al hacerles creer que estábamos en el mejor de los mundos mientras se nos dirigía al borde del abismo.
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