Pedro Gerardo Beltrán Espantoso

Cómo subdesarrollar más al país

Para elevar el nivel de vida, se requiere sin pérdida de tiempo aumentar la producción. Sin embargo, junto al encarecimiento de la vida, el mayor motivo de queja en el Perú de hoy es la falta de empleo. “La economía está estancada”; “el trabajador no sabe qué hacer”, son los comentarios más frecuentes.

En contraste, en una economía próspera, se oiría hablar de “falta de brazos” y del consecuente “aumento de sueldos y salarios”; no habría, pues, desocupados, y las remuneraciones tenderían a subir por la escasez de personal ante la creciente demanda para llenar puestos de trabajo como resultado de las nuevas inversiones. Así ocurre en todos los países que pasan por una etapa de bonanza.

Porque la economía no depende únicamente de los centros de producción ya establecidos, que, por sí solos, no llegan a dar ocupación a todo el que busca trabajo.

La prosperidad sólo se alcanza cuando nuevas inversiones vienen a llenar esa brecha. No sólo hay entonces mayor empleo de personal para trabajar directamente en las nuevas empresas u obras que se lleven a cabo, sino que, por añadidura, aumenta también la actividad de las industrias que producen los materiales, equipos o servicios necesarios para ejecutar esas nuevas obras o inversiones.

La falta de inversiones, por tanto, no sólo deja de crear los nuevos puestos de empleo que se necesitan, sino también, reduce la ocupación de las empresas, que normalmente habrían abastecido o prestado servicios a las inversiones que se hubieran realizado.

Los desocupados que quedan sin empleo por falta de inversiones, no podrán gastar como antes. Disminuirá la demanda y, en consecuencia, deberá reducirse hasta la producción de artículos no relacionados con las inversiones mismas. Aun las ventas de cosas más corrientes resultan indirectamente afectadas al reducirse los niveles de ocupación y el poder adquisitivo de la gente.

Se comprende así cómo, para alcanzar una efectiva actividad, en la economía, y un alto nivel de ocupación, tiene que haber marcada afluencia de inversiones y desarrollo de nuevos centros de trabajo.

Como señalo en otro lugar en este libro, alguien me hacía notar lo que sucede cuando cunde el pesimismo sobre el futuro económico. El lector me perdonará que repita íntegramente la cita:

Es el efectivo sentir íntimo de la generalidad de la gente el factor decisivo. Cada persona toma decisiones y da pasos de conformidad con lo que piensa del futuro.

En un caso, los animan las expectativas alentadoras; en el otro, los retraen temores sobre lo que va a ocurrir y, entonces no sólo desisten de cualquier proyecto sino que sólo se preocupan en buscar refugio para poner a salvo lo que puedan (¡Sálvese quien pueda!).

Estas mareas altas y bajas de la confianza y la desconfianza de la gente, no pueden detenerse con programas ambiciosos y estridentes, ni con promesas, ni con amenazas de los gobernantes. Cuando la gente pierde la confianza, es imposible pretender que actúe como si creyera que las cosas van por buen camino.

Entonces el gobierno, lejos de encontrar refuerzo en la confianza y la actividad de los más, se va quedando solo, sin encontrar algo que pueda sustituir esa acción individual, única base sobre la que puede construirse una economía sólida y próspera. Base, por lo demás, necesaria para que exista más trabajo, menos desocupación y más producción; que haga posible, en suma, la ansiada elevación en el nivel de vida.

Sólo en condiciones semejantes puede contar un gobierno con terreno propicio. Nunca estará a su alcance la función que corresponde desempeñar a la actividad de la gente. Porque el gobierno, por sí solo, muy poco o nada puede hacer.

De allí la enorme importancia que tiene saber inspirar confianza para que, en situaciones propicias, un hombre de empresa, arriesgado y ambicioso, se anime a aventurarse en nuevas inversiones.

No debe olvidarse que su fracaso sería sólo el de un individuo, mientras que de tener éxito, crearía un nuevo centro de ocupación en que más gente encontraría el medio de ganarse la vida, además del efecto favorable sobre la economía en general que ya hemos mencionado.

La dictadura en el Perú ha procedido de manera tal que prácticamente ya no se encuentra gente de empresa, con los recursos y la reputación que aseguren las facilidades de crédito necesarias, que piense en llevar a cabo nuevos proyectos.

Las posibles oportunidades para nuevas inversiones no los atraen, por falta de confianza. Sin confianza, no hay incentivo que atraiga.

Un dictador que, en vez de ser solamente “ejecutivo”, tiene además poder para dictar leyes (o sea, que es también “legislativo”) y que, por último, controla efectivamente el Poder Judicial (expulsando hasta a los miembros de la Corte Suprema que no se le sometan), es un mandón “totalitario” que, en la función de gobierno, tiene que dejarse llevar por consideraciones exclusivamente personales. “El Estado Soy Yo” (L'Etat c' est Moi”).

No es fácil encontrar hombre o mujer que no tenga siquiera un vestigio del sentimiento tan bajo, pero tan humano, de la envidia. Tampoco la dictadura parece haberse librado de sus aguijones. Las expropiaciones, que a menudo parecen más bien confiscaciones, pues no se ve cuándo llegará el Gobierno a pagar lo que hace suyo por decreto, han difundido la creencia en que basta tener éxito en cualquier empresa para temer y, hasta dar por seguro, que la dictadura esgrimirá pronto algún pretexto para arrebatar esa empresa a sus dueños legítimos.

Una dictadura es propensa a asumir actividades en que todo gobierno tiene que fracasar. Da órdenes que no se han de cumplir, pues tiende a confundir, lamentablemente, lo que sucede en un cuartel con lo que acontece fuera de sus muros.

Órdenes dadas con el propósito de obtener una disciplina de cuartel nunca podrían tener, ni de lejos, el efecto persuasivo que se logra cuando se sabe inspirar plena confianza, irrestricta confianza, en que nunca habrá un atropello; en que los esfuerzos de nadie se verán truncados porque sí; en que ninguna aversión personal, celos, envidia, o lo que sea, va a impulsar la conducta del gobierno.

Sólo con la creación de un clima de confianza absoluta se puede atraer a la gente a arriesgarse -arriesgar su propio dinero y el que pueda conseguir prestado, y su actividad y sus años de vida- para buscar nuevas actividades y nuevos horizontes para el país.

Un general de excelente reputación, dentro y fuera del Ejército, que ha estado a cargo de uno de los grandes entes oficiales (según la costumbre de la dictadura de entregar todos los cargos de responsabilidad a militares), al hablar de la situación en el Perú con un hombre de empresa digno de toda confianza, le dijo: “Bueno, ustedes eran antes los que tenían situaciones como las que yo ocupo hoy. Pues ahora, nos toca a nosotros. ¿De qué se quejan?”.

Esto revela hasta qué extremo estos hombres, que sin transición han pasado del cuartel a dirigir toda la actividad del Gobierno, creen tener derecho a manejar toda la economía del país, y a la vez revelan que para nada toman en cuenta cómo llegó el Perú a la situación que tenía cuando ellos se apoderaron del Gobierno.

Las empresas florecientes y la economía sólida que encontraron, no fueron hechas por los militares en una dictadura y sin competencia. Fueron los hombres emprendedores quienes, atraídos por la posibilidad de mejorar su situación y en la esperanza de llegar a hacer fortuna (el “espíritu de lucro”, que tanto escandaliza ahora a los ideólogos puritanos de la Revolución), se lanzaron a luchar en una economía en que era preciso enfrentarse a la competencia en un mercado libre. Con ello, lejos de hacer daño, contribuyeron al desarrollo del Perú y al progreso de sus actividades productivas de todo orden; dieron trabajo a muchos e hicieron posible la elevación de su nivel de vida.

Basta recordar dos recientes ejemplos: la industria del cemento, una industria peruana que sirve de modelo en América Latina y que, en los mercados extranjeros, ha competido con éxito con el producto proveniente de países desarrollados del mundo; y la pesca, una actividad económica completamente nueva, en que el Perú llegó a ocupar el primer lugar en el mundo al cabo de muy pocos años, gracias a los empresarios peruanos, que supieron mejorar cada vez más su industria, pese a no contar con técnicos ni hombres experimentados que pudieran enseñarles cómo proceder.

El cemento y la pesca están ahora en manos de militares, que no parecen querer recordar que esta riqueza fue la obra de la arriesgada empresa privada que se desenvolvió en un mercado libre.

El Gobierno cumpliría su deber para con el futuro de la Patria si alentara ese espíritu y lo aprovechara para promover el aumento de la producción, la elevación del nivel de vida, y el mejoramiento de las oportunidades de empleo para un mayor número de trabajadores.

Enhorabuena tuvieron esos hombres de empresa la ambición que los movió a una acción tan necesaria y provechosa para el Perú y para todos los peruanos. ¿Dónde estaríamos ahora si no lo hubieran hecho?

La dictadura, sin embargo, no puede soportar que el móvil de esos arriesgados empresarios haya sido la ambición de hacerse de una situación, y de ganar dinero. Es lo que los “hombres nuevos” llaman condenatoriamente el “espíritu de lucro”.

Los hombres del Gobierno, cada vez que se presenta la oportunidad, no dejan de hacer un llamamiento al país sobre la necesidad de poner el hombro, para el gran esfuerzo que hay que hacer, urgentemente, porque se produzca más. El año 1976 ha sido oficialmente declarado, así, el “año de la producción”.

Sin embargo, cada vez que el Gobierno toma en sus manos una nueva actividad económica, lo primero que hace es poner en la calle al empresario que la había formado y dirigido en un mercado libre, enfrentándose con éxito a la competencia. E inmediatamente el Gobierno lo reemplaza con un general que, por más méritos que tenga en su carrera, no tiene por qué saber nada de la actividad que se pone en sus manos y que, por supuesto, sabe muchísimo menos que quien dirigía antes esa misma actividad.

La disciplina castrense, indudablemente, es muy conveniente para el Gobierno, porque excluye la posibilidad de cualquier diferencia de opinión con quien esté a cargo de la empresa estatizada. Puede el Gobierno confiar en que, con un general a la cabeza, no va a surgir en la empresa estatal ninguna exigencia o protesta sobre la orientación de la política impuesta por el Estado a la actividad económica en cuestión.

El militar que llega en su carrera al grado de general o de almirante, debe ser un hombre que se ha distinguido en su ramo del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea; un hombre, por tanto, que se ha especializado en los asuntos de su carrera, y que nunca ha perdido su tiempo en manejar una empresa o cualquier otra actividad económica.

Por tanto, jamás podrá tener los conocimientos y la experiencia empresariales del hombre que se formó en la competencia con otros, que producían lo mismo que él, y que, por tanto, llegó a dominar íntimamente todos los pequeños detalles de los que dependen el éxito y la supervivencia en el mundo de los negocios.

No se puede aprender todo eso de la noche a la mañana; entonces, la intervención del general gerente, tiene que ser muy distinta a la del empresario experimentado. Será difícil que no corneta errores y que, por tanto, no sólo se desacredite sino que también afecte la reputación de los demás que vistan uniforme.

Es conocido el caso de un general que fue designado para ponerse al frente de una gran empresa estatal, de enorme importancia en el mundo de la producción, y que se quejó porque decía, con gran sinceridad, que él nada entendía de esa actividad económica, y que no podía seguir administrándola.

Aunque he crecido en el ambiente de un hogar católico, formado por padres muy religiosos, y me he mantenido en las ideas y costumbres adquiridas ahí, si alguien me ofreciera ser arzobispo de Lima, me sentiría seguramente muy halagado, pero tendría que declinar diciendo: “Pero si no sé nada de eso”, como el general al que acabo de mencionar.

Por el contrario, durante la aguda crisis económica y fiscal de 1959, cuando el Presidente Prado me llamó para presidir el Gabinete y hacerme cargo del Ministerio de Hacienda, acepté. “Zapatero, a tus zapatos”, fue mi norma.

Prado conocía mis antecedentes. Sabía que yo había seguido siempre muy de cerca los temas y asuntos económicos, desde que me gradué en la London School of Economics and Political Science, que más tarde me honró al hacerme “Honorary Fellow”.

Decir “zapatero, a tus zapatos”, no supone ningún prejuicio. Simplemente quiere decir que cualquier persona, sea agricultor, mecánico, militar, ingeniero, médico o sacerdote, rinde más en la actividad para la cual fue entrenado, y rinde menos y hasta hace daño en aquella otra que es profundamente extraña a su formación, sus hábitos y su experiencia.

¿Cómo esperar entonces algún resultado del llamamiento general a producir más, cuando se hacen nombramientos que fatalmente tienen que llevar a produ-cir menos, porque quienes dirigen las empresas de mayor volumen ignoran el asunto, aunque estén llenos de la mejor voluntad?

Desde el punto de vista del desarrollo de cualquier empresa o de cualquier actividad de orden económico, se necesita alguien dispuesto a alentar innovaciones. Por supuesto, debe ser alguien que, con su experiencia, con el conocimiento de las cosas, sea capaz de verlas en conjunto y de opinar sobre el efecto que puedan tener, no sólo en el sector en que se producen, sino también en los demás.

En el mundo de hoy, de competencia no sólo en el mercado local, sino también en el mundial (porque hay cosas que vienen del exterior a competir con las que se producen en el país, y porque nos conviene que también nuestros productos encuentren mercado fuera), es importantísimo que la persona que esté a cargo de una empresa demuestre su aprecio por cualquier innovación provechosa.

De la competencia que surge entre los mismos jefes y técnicos que constituyen una organización económica, para ver cuál destaca más por su contribución, resultan las innovaciones necesarias para el progreso de la empresa en particular y de la economía nacional en general.

Pero esa disposición, difícilmente puede esperarse de un hombre que se ha formado en el Ejército y que, por el contrario, aprende desde un principio a observar una disciplina rígida, a obedecer y no poner dudas ni objeciones, ni manifestar desacuerdos con las órdenes que recibe. Las órdenes son para cumplirlas. Y eso no es una exageración en el Ejército, sino algo absolutamente necesario y fundamental para mantener el debido espíritu de disciplina, no sólo dentro del cuartel, sino donde quiera se esté en el cumplimiento de cualquier misión militar.

Por tanto, cuando un general entra al manejo de un asunto tan complejo y peculiar como una empresa económica, es natural que se produzca un enfriamiento general. En la empresa, el espíritu y la manera de actuar son radicalmente diferentes de los que prevalecen en el Ejército. No se trata de lo que uno o lo otro sea bueno o malo. Ocurre que lo que puede ser muy bueno dentro del Ejército sea imposible dentro de una institución productiva o comercial.

Inversamente, lo que puede ser bueno en ésta no puede ni intentarse en un batallón o en un cuartel sin poner en peligro la disciplina militar, que es lo esencial ahí.

El general que entra a la empresa, actúa como ha estado acostumbrado a hacerlo. Naturalmente, si es muy concienzudo, examina cada caso antes de dar un paso y, por supuesto, exige una disciplina absoluta. Es así como se paraliza la iniciativa y, por tanto, el funcionamiento mismo de las actividades comerciales o económicas. Nadie se atreve a actuar sin referir cada asunto al superior. Es decir, se produce dentro de la empresa una verdadera revolución, que no activa las cosas, sino que impide que se desarrollen como antes.

Se comprenderá, entonces, por qué no se puede esperar de las empresas que han pasado a este tipo de dirección, que rindan lo que rendían antes, cuando en lugar de actuar para enfrentarse a la competencia de un mercado libre, cosa absolutamente necesaria para una empresa que tienen que satisfacer. las exigencias del gran público, se sigue un estilo de administración opuesto, disminuyendo la eficacia y la producción empresarial.

Ahora bien, no se trata de teorías, de si debe haber más o menos disciplina en la actividad comercial o industrial o minera, sino que no se puede cambiar el espíritu de esas organizaciones sin paralizar su vida, sin hacerlas retroceder. Al mismo tiempo, no es posible esperar que el general, de la noche a la mañana, pueda abandonar los hábitos de toda su vida para adaptarse a esta nueva situación y actuar eficientemente, como un hombre acostumbrado a la vida de negocios.

Tampoco se puede criticar a ese militar, porque es natural que tenga extremo cuidado antes de dar cada paso, salvo que sea un irresponsable, en cuyo caso las cosas serían todavía peores.

En dos palabras: no es posible que uno desarrolle su vida y se eduque en los hábitos de una determinada carrera y que, llegado al tope de la misma, lo pongan a dirigir una actividad completamente distinta.

No hace mucho se dispuso, dentro del llamado Plan de Reactivación Económica, que las empresas del Gobierno deberían pagar impuesto a las utilidades, del mismo modo que cualquier compañía particular. Por supuesto, los diarios parametrados celebraron tal medida, que había puesto así en iguales condi-ciones a todas las empresas.

Pero, ¿qué impuestos a las utilidades van a pagar los entes estatales, cuando no sólo no ganan dinero, sino que acusan pérdidas? ¿No es ese el caso de la antigua Cerro de Pasco, de Marcona, de EPSA y de los periódicos confiscados, por ejemplo? ¿Y no tiene el Gobierno que mantenerlos con subsidios para evitar que quiebren? ¿De dónde puede salir ese dinero? Pues, naturalmente, de la “maquinita”, cuyas emisiones de billetes agudizan la inflación y encarecen el costo de vida.

Creo de interés transcribir párrafos de las reflexiones de Arturo Salazar Larraín, co-director de Opinión Libre y bien conocido como presidente de la FPP, comentando el texto del último mensaje de Morales Bermúdez a la Nación, el 3 de marzo de 1976:

Usted, señor Presidente, ha hablado de las angustias que siente el gobernante (“la angustia que tales decisiones crean en el gobernante honesto y humanista”).

Pero creo que es necesario hablar también de la angustia que esas decisiones pueden generar en la población que está sometida a la jurisdicción del Gobierno.

En el Perú, por ejemplo, se han producido despojos y, por tanto, angustias.

Diferenciemos. Un acto de gobierno de esta naturaleza se justificaría porque pretende despojar a unos para dar a otros. Esta ha sido la filosofía del acto de gobierno en los pasados siete años. La angustia que siente el despojado, según ella, debería contrapesarse socialmente con el beneficio reportado a los otros, en cuyo interés se despoja.

No obstante, sucede que también los presuntos beneficiarios del despojo sienten angustia y ésta consiste en preguntarse por qué los beneficios anunciados no les llegan y si, por tanto, no resultan todos a la postre despojados por el despojador.

Si el despojo de los que tienen no acarrea el beneficio de los que no tienen. ¿Querría decir entonces que es la filosofía misma del acto de gobierno lo que está mal?

Esto recuerda el reclamo de sentido común que cierta vez expuso el genial intérprete de la filosofía popular, el cómico Cantinflas, al comentar la tan manoseada y “revolucionaria” frase de “hacer pobres a los ricos”. Dijo: “Pos mano, ¿y por qué no hacer ricos a los pobres?”.

El Gobierno, al “purificar” al país (sometiéndolo a la burocracia, a escándalos del tipo de EPSA y otros por el estilo, no ha hecho producir más, ni ha logrado levantar el nivel de vida, ni ha creado ocupación para más gente. Al contrario, ha impedido el desarrollo, frustrado el progreso, causado desocupación, encarecido la vida, retardado todo y, por último, ha desprestigiado la propia acción del Gobierno y a muchos de sus hombres, inclusive los que visten uniforme.

Es proverbial que la burocracia no está hecha para desarrollar cosas nuevas. En todas partes del mundo –y vaya que el Perú no es una excepción– se sabe que de la burocracia no puede esperarse el mismo fruto que de la actividad privada movida por el “espíritu de lucro”.

La burocracia, por el contrario, es ineficiente. La burocracia camina lentamente. En cualquier país, cuando hay que recurrir a una dependencia oficial, sin tener vinculación especial con hombres del Gobierno, se dice: “Vamos a ver cuánto tiempo perderemos en esto”. Y esto se oye cada vez más en el Perú. Parece que todo se vuelve más y más difícil y, al mismo tiempo, crecen las oportunidades para la corrupción y la prebenda.

Dársela de “moralista”, escandalizarse porque el interés personal mueva a la gente, es algo que ni siquiera puede tomarse en serio. Es una farsa que no convence a nadie.

Tampoco han demostrado ser eficaces para elevar la producción otras innovaciones introducidas en la organización empresarial por el Gobierno, de acuerdo con los proyectos de los ideólogos del régimen.

Por ejemplo, la “propiedad social” es definida como prioritaria en la “nueva sociedad” que se propone forjar la Revolución peruana. Sobre el país que inventó y ha dado más impulso a la propiedad social, Yugoslavia, hay un capítulo en este libro. Sólo quiero hacer aquí, de paso, unos cuantos contentados.

Cuando se publicó el anteproyecto de ley de propiedad social en el Perú, muchos críticos, desde instituciones representativas de la producción como la Sociedad de Industrias y las Cámaras de Comercio de Lima y de Arequipa, hasta juristas destacados, coincidieron en un observación: propiedad social no es propiedad.

Le faltan los rasgos esenciales de la verdadera propiedad: el derecho del dueño no sólo a hacer suyos los rendimientos de la cosa, sino también a disponer libremente de ella, es decir, a alquilarla, cambiarla por otra o venderla en todo o en parte, si así lo desea. Pero los supuestos “propietarios sociales”, los trabajadores, sólo tendrían en realidad un derecho de uso muy limitado.

Los ideólogos han dicho después que el verdadero propietario es la sociedad en conjunto, “el sector” de Propiedad Social, y no los trabajadores de cada empresa.

La “Sociedad en conjunto” son todos, o sea, nadie. El “sector de Propiedad Social”, también son todos, o sea, nadie. Detrás de estas abstracciones, sólo hay una cosa: el Estado, que o es otra abstracción igual a todos, o sea a nadie, o es el Gobierno, es decir, el grupo pequeño de los hombres que tienen el poder en una dictadura.

Si la propiedad social pudiera realmente ser de todos, se le aplicaría la frase de un Papa, creo que fue León XIII o Pío XI, que dijo en una encíclica social: “Lo que todos poseen en común, todos lo descuidan en común”.

Pero si la propiedad social es, en realidad, otro modo de decir que la propiedad es del Gobierno, que es la única otra alternativa, entonces pasaría lo que en Rusia. Ahí, en la época inicial de la revolución, se hacía mucho esfuerzo en distinguir entre las granjas colectivas (koljozes) y las granjas estatales (sovjozes). Hoy nadie distingue entre unas y otras, porque el Estado las maneja por igual.

Aunque al momento de escribir estas líneas, sólo hay una empresa de propiedad social en efectivo funcionamiento en el Perú, ya comenzaron a surgir los problemas. Esa empresa, primero, se gastó en pocas semanas todo el capital de trabajo que se le había asignado, y que debía haber usado como un revolving fund, es decir, un capital que continuamente se gasta y continuamente se recupera con los ingresos de las operaciones.

Naturalmente, pidieron más dinero a COFIDE, la empresa financiera del Gobierno, y cuando ahí les dijeron que no había más porque se habían consumido toda la asignación, pusieron el grito en el cielo. Sencillamente, acusaron a los funcionarios de COFIDE de ser “infiltrados de la contrarrevolución”.

Se creó todo un problema político entre COFIDE y la Comisión Nacional de Propiedad Social, que tiene rango ministerial. La cuestión se solucionó abriendo el Banco Central de Reserva una línea de crédito por 2.420 mil millones de soles.

En seguida, la misma empresa se volvió contra la competencia: una fábrica que ya operaba en el mismo rubro. Trató de que la cerraran para quedarse con el monopolio. Como la Dirección de Industrias se opuso a tal cosa, la empresa de Propiedad Social, con el apoyo de los diarios parametrados, volvió a su táctica favorita: acusó a los funcionarios de Industrias de ser “infiltrados de la contrarrevolución”.

Pero esta vez la táctica no tuvo éxito. Entonces, se recurrió a un escándalo periodístico: la competencia –se dijo– violaba la ley. Debía ensamblar el producto en provincias para tener derecho a las exoneraciones tributarias, pero estaba clandestinamente enviando las piezas a Lima para ensamblarlas allí.

Naturalmente, los servicios de inteligencia tributaria y Policía fiscal iniciaron una investigación. La fábrica de la competencia fue prácticamente intervenida mientras duraron las investigaciones. Según las últimas noticias, se ha demostrado que la acusación era falsa. La empresa de Propiedad Social tendrá que inventar otra cosa para librarse de la competencia.

Sin embargo, la ley da todas las ventajas a las empresas de Propiedad Social. En el mismo caso a que nos hemos referido, las importaciones de la empresa privada competidora acaban de ser sometidas a nuevas tasas arancelarias que multiplican varias veces las anteriores. Mientras tanto, las importaciones de la empresa de propiedad social están exoneradas. Y cuando sus productos salgan a la venta, el Estado, las empresas estatales, las otras empresas de propiedad social y todas las compañías que trabajen en contratos del Estado o reciben subsidios del mismo, estarán obligadas por ley a comprar los productos de las empresas de propiedad social y no los del competidor.

Esta forma de discriminación establecida por la ley ya ha causado algunas resistencias contra la propiedad social. Así, el Colegio de Arquitectos se ha opuesto a la formación de una empresa de propiedad social constituida por profesionales para actuar como proyectistas y consultores de proyectos.

Dice el Colegio que si esa empresa se acoge a las preferencias de la ley, entonces irán a parar a sus manos, legalmente, todos los proyectos del Gobierno.

Y los demás arquitectos no tendrán trabajo.

Hace poco, la Comunidad Industrial de una fábrica pidió que ésta fuera declarada en quiebra. El juez de Comunidades Laborales se negó porque, dijo, con la ley en la mano, que la comunidad no era un acreedor de la empresa, sino un copropietario.

Pero el Tribunal de Comunidades Laborales, que dice la última palabra sobre el tema, porque no depende de la Corte Suprema, anuló el fallo del juez y declaró la quiebra de la empresa para que la Comunidad se hiciera cargo de ella.

Este mismo Tribunal acaba de obligar a una empresa a utilizar los servicios de la Comunidad Industrial como agente de ventas para sus productos. Ahora bien, los derechos y deberes de la Comunidad Laboral están enumerados en la ley, y es totalmente contrario a ella que la Comunidad funcione como una empresa económica (porque entonces ella, a su vez, tendría que tener su propia Comunidad).

Pero una Comunidad tuvo la idea de pedir eso, y el Tribunal fue incapaz de negárselo. Al fin y al cabo, sus miembros no actúan como jueces “a la antigua”, sino como progresistas en un país totalitario, como diría Djilas. En todo el país hay Comunidades que han empezado a pedir datos a los empresarios para ver si ellas también se convierten en agentes de ventas.

Quien lee estas líneas se estará preguntando, ¿qué es la Comunidad Industrial? He aquí la respuesta: Velasco, en un decreto-ley, estableció que los que trabajan en una empresa participarán de sus utilidades de dos modos:

Primero, un porcentaje que les será abonado en efectivo; y segundo, otro porcentaje que será aplicado a la adquisición de nuevas acciones de la empresa, cuyo valor se aplicará a gastos de inversión, entregando dichas acciones a la Comunidad Industrial hasta que ésta llegue a poseer el 50 por ciento del capital accionario de la empresa.

Es así como la Comunidad Industrial llegaría a ser dueña de la mitad del capital e iría también teniendo mayor representación en el directorio hasta llegar a elegir la mitad de sus miembros.

Pero las acciones de que llegue a ser dueña la Comunidad Industrial nunca llegarán a ser propiedad de sus miembros. No podrán tenerlas, disponer de ellas, ni dejarlas a sus hijos. Sólo tendrán derecho a una compensación económica cuando salgan de la empresa. Es decir, estamos frente a otra forma de la llamada “propiedad social” que no es propiedad.

La Comunidad Industrial está regida por lo que resuelva el personal que trabaja en la empresa, que elegirá a su propio presidente y a los demás dirigentes. Como en la autogestión yugoslava, de capitán a paje, cada uno tiene un voto.

La misma Comunidad, Industrial es un ejemplo de cómo una idea, surgida de la ideología del régimen, no funciona en la práctica, salvo raras excepciones. Puedo decirlo yo, mientras conservamos La Prensa, nuestras relaciones con la Comunidad fueron excelentes.

La inmensa mayoría del personal de talleres, de la administración y de la redacción rechazaba los intentos de un grupito de comunistas para torcer los fines que la ley señalaba a la Comunidad. Así, ésta pudo participar plenamente en los buenos resultados de la empresa y adquirir un capital propio considerable.

De hecho, la de La Prensa era, en julio de 1974, una de las cuatro o cinco Comunidades Industriales del país con más alta participación accionaria en la empresa. A ese paso, en muy pocos años más, habría alcanzado el objetivo legal del 50 por ciento.

Sin embargo, cuando los periódicos fueron “socializados” y parametrados, todas las acciones que había conseguido reunir la Comunidad de La Prensa le fueron arrebatadas por el Gobierno sin pagar un centavo; es decir, fueron confiscadas, igual que las de los demás propietarios. Bonito modo de “socialización”.

Los funcionarios y periodistas del régimen públicamente se escandalizan del egoísmo que mueve a la gente a desear ganar más dinero y vivir mejor. Pero. ¿puede alguien creer que porque condenan en público el “espíritu de lucro” no los mueve, también a ellos, en su fuero interno?

El egoísmo se encuentra en mayor o menor grado en todo ser humano. Hablar de hacerlo desaparecer, es confundir la sumisión a que debe someterse el recluta en su conducta exterior en el cuartel, con lo que ocurre en su fuero interno, con sus sentimientos, virtudes y defectos.

Los elevados principios que Jesucristo trajo al mundo pudieron animar a un San Francisco de Asís, a quien el mundo entero venera como ejemplo de desprendimiento y preocupación por la suerte de los demás, y como modelo de desinterés, falta de egoísmo y ausencia de envidia.

Pero los predicadores que hoy se presentan como carentes de egoísmo, ¿pueden ser confundidos por alguien con modernos San Francisco de Asís, vistan uniforme o no?

Ha sido preciso que el dictador Velasco sea derrocado para que la justicia se abra paso en el escándalo de EPSA, cuyo proceso se había empantanado, aparentemente, por entero. Está detenido ahora el mismo general que, como ministro de Agricultura, llegó a condecorar a los principales acusados de hoy, que entonces estaban, a sus órdenes, al frente de EPSA.

Las noticias que llegan al público, parecen confirmar que el escándalo es por lo menos de la magnitud que los periódicos revelaron durante sólo los dos primeros días, pero luego silenciaron durante la dictadura de Velasco.

¿Y los incendios que, coincidentemente, se han producido en los archivos de cuatro o cinco de las mayores empresas estatales, ante el anuncio de que se iba a proceder a hacer una investigación en sus oficinas?

¿En qué queda el mito de los “hombres nuevos” de que hablaba Zimmermann, brazo derecho de Velasco?

¿Y dónde están ahora los áulicos que más alarde hacían de carecer del “espíritu de lucro”?

¡Y decir que ellos repudian a quien trata de hacerse de una situación por el trabajo honrado, enfrentándose a la competencia y dando ocupación a más gente!

Si de algo deberían cuidar los poderes públicos, es precisamente de mantener un mercado, que efectivamente sea libre, donde la competencia prevalezca y que no esté sujeto a acuerdos entre los interesados que pueden llegar a ser tan malos como un monopolio.

De un mercado libre surge quien satisface mejor las exigencias del gran público. Cabe imaginarse el porvenir del Perú si se mantiene (o peor, si se amplía) la enorme extensión que se ha dado a la intervención del Gobierno en las actividades económicas. Empresas de difícil manejo y sumamente especializadas estarían a cargo de personas ignorantes en la materia, a menudo sin disposiciones especiales ni experiencia alguna en la actividad que tienen entre manos.

¿A dónde llegaría el Perú por tal camino? Pues al estancamiento o, mejor dicho, al retroceso, que ya se está palpando por todos lados, en vez de al desarrollo indispensable para que haya más ocupación, más producción, mejor nivel de vida para todos.